Un nuevo paquete de propuestas acaba de sumar el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, para que sean utilizadas como insumo para la agenda de reimpulso económico, plan que encabeza desde que retornó a la cartera en junio pasado. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) hizo llegar cerca de un centenar de propuestas al Gobierno para que sean incluidas en el plan que encabeza la cartera. El trabajo se inició a partir de una solicitud que hizo Fontaine a la CPC y a otros gremios para levantar entre sus asociados aquellas barreras o ‘lomos de toro’ que están dificultando el desarrollo del sector, por constituir trabas regulatorias o prácticas que restan eficiencia.

A fines de agosto, la CPC entregó al ministerio este conjunto de propuestas, gestión que también realizó la Sofofa por esa fecha. La CPC sostiene que para mejorar la productividad y competitividad d e Chile, y avanzar en más oportunidades de empleo, mejorar los salarios y bienestar para las personas, es necesario implementar modernizaciones y suprimir trabas regulatorias que hoy restan dinamismo a la actividad económica y al potencial crecimiento. Por eso, valoran el esfuerzo público-privado liderado por el Ministerio de Economía por identificar las barreras y proponer soluciones con foco en mayor competencia y mayor eficiencia. ‘No podemos caminar hacia la cuarta revolución industrial con pasos cortos ni tímidos.

Por eso es hora de caminar en equipo y concretar las modernizaciones pendientes’, sostiene el líder de la CPC, Alfonso Swett. El conjunto de medidas entregado por parte de la CPC se organiza por gremio —Cámara Chilena de la Construcción (CChC); Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Cámara Nacional de Comercio (CNC); Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF)— y sectores empresariales. En su mayoría, son de carácter no legal, es decir, no requieren de un proyecto de ley (ver recuadros). La semana pasada, el ministro Fontaine anunció que la agenda de reimpulso económico tendrá 35 medidas y será anunciada después de Fiestas Patrias.

CChC: Plan regulador comunal y caducidad de permisos

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), presidida por Patricio Donoso, pone el foco en el plan regulador comunal y la caducidad de permisos, entre otros temas. Las propuestas las dividió en dos grandes ejes: vivienda e infraestructura. En material habitacional, el gremio constructor propone: Validación de incentivos y condiciones establecidos en el respectivo Plan Regulador Comunal.

El diagnóstico del gremio concluye que un dictamen de Contraloría interpretó en forma restrictiva un artículo de la Ley de Transparencia del Mercado del Suelo al señalar que la validación que la resolución realizó de los incentivos y condiciones contemplados en planes reguladores aprobados con anterioridad a la Ley de Aportes al Espacio Público solo son válidos en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en la misma. ‘Lo anterior genera incertidumbre acerca de los incentivos y condiciones establecidos por gran cantidad de planes reguladores aprobados con anterioridad a la nueva ley’, señalan en el gremio.

Entregar certeza sobre caducidad de permisos en proyectos que se construyen por etapas. Comentan que un dictamen de Contraloría realizó una interpretación que excluye la posibilidad de ejecutar proyectos por etapas, modalidad utilizada para el desarrollo de obras tanto de iniciativa pública como privada. En materia de infraestructura, proponen: Establecer plazos y responsabilidades ante hallazgos arqueológicos. Proponen desarrollar una normativa que establezca procedimientos y plazos para el tratamiento arqueológico, de manera de dar certeza a las partes de los plazos y costos ante este evento. Creación de la figura de gerente de Proyectos en el MOP.

Esto debe estar en manos del MOP/Dirección General de Obras Públicas para realizar cambios a nivel de reglamento. Cláusula de salida. Establecer una cláusula de salida en las bases de licitación del MOP, que se aplique en aquellos casos en que los proyectos se hacen inviables (temas ambientales, arqueológicos, expropiaciones, entre otros). Generar un procedimiento ante los cambios de servicios. Generar una normativa que establezca responsabilidades y plazos máximos para los cambios de servicios, indicando un procedimiento claro con plazos, derechos y obligaciones.

Iniciativas de la CNC buscan combatir el comercio ilícito

El foco que puso la Cámara Nacional de Comercio, liderado por Manuel Melero, a las propuestas presentadas al Gobierno está en el comercio ilícito. Según el gremio, la informalidad y el comercio ilegal atentan fuertemente contra el crecimiento y el desarrollo del país. Para avanzar en este tema, proponen: Control disuasivo de carreteras en cuellos de botella estratégicos. Los productos de contrabando y de robos, sostiene el gremio, en su traslado a las diversas ciudades del país deben pasar necesariamente por determinadas carreteras. Proponen realizar controles de carga para evitar que parte de estos lleguen a los lugares de destino. ‘Esta medida permitirá también aumentar la trazabilidad de los productos ilegales al hacer dicho procedimiento desde sus orígenes’, sostienen. Contar con mayor inteligencia y análisis de información criminal.

El diagnóstico de la CNC sostiene que uno de los grandes problemas en el combate del comercio ilícito es la falta de generación y traspaso de inteligencia entre las diversas autoridades. Para avanzar en esto, proponen la creación de focos investigativos locales con objeto de generar una instancia permanente de traspaso de información criminal. Intervención de municipios. Apuntan a una mayor fiscalización por parte de las municipalidades para incautaciones de contrabando y falsificaciones (ilegítimas). Pero no solo el comercio ilícito está entre las preocupaciones de este gremio.

También están las siguientes propuestas: Trámites notariales. Avanzar aún más en la disminución de trámites presenciales ante ministros de fe y avanzar rápido en la digitalización de trámites. Potenciar el turismo. En este ámbito, diagnostican que hay dificultad en la asignación de recursos a promoción turística, en especial en regiones (falta de coordinación público-privada). Plataformas de turismo. Consideran que se debe resolver la informalidad en el sector que le ‘está pegando’ fuertemente al sector formal: plataformas digitales de turismo informales. Modernización del Estado. Sostienen que es imprescindible promover la reducción de trámites y los requisitos para quienes inician sus negocios. ‘Debemos simplificar los trámites mediante la digitalización de los procesos o la presentación de documentos a distancia’, señalan.

SNA apunta a medidas para combatir la escasez de agua

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), encabezada por Ricardo Ariztía, pone el foco en la escasez hídrica. Pero también incluye propuestas de fomento a la inversión en el sector, que implican reformas al Código de Aguas y modernización de la institucionalidad pública. Las principales urgencias son: Proyectos de la Comisión Nacional de Riego (CNR). Consideran que es urgente acelerar los proyectos de la CNR.

Para esto, creen que se deben priorizar las obras extraprediales, que tienen un impacto mayor, beneficiando a más agricultores. Extracciones ilegales. La DGA (Dirección General de aguas) debe fiscalizar en forma estricta las extracciones ilegales. ‘Fast-track’. Implementar una vía rápida para aprobar grandes obras de infraestructura hidráulica. Horario punta para la tarifa eléctrica. Proponen modificar el horario punta vigente para la tarifa eléctrica hasta el 30 de septiembre.

‘Resulta que se está regando intensamente para llenar los suelos y perdemos esas horas punta por su alto costo’, comentan. Incentivo a la inversión en el sector. Consideran que debe haber una política permanente de penetración en mercados externos, considerando que la producción de Chile es eminentemente de exportación. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Apuntan a que se debe dotar de más recursos y personal al SEA para que agilice la aprobación de proyectos. ‘Se debe poner suma urgencia a los proyectos estratégicos que están en el SEA’, sostienen. Código Laboral. El gremio considera que se requiere un Estatuto Laboral Agrícola que mejore el trabajo en el campo, ajustándose a su realidad y perfeccionando el estatus del trabajador agrícola. Reformas al Código de Aguas.

Considera que se debe dar absoluta certeza jurídica de los derechos de aprovechamiento. Agregan que se debe incorporar la gestión integrada de las cuencas, de forma que sus juntas de vigilancia se coordinen para administrarlas. Institucionalidad pública. Diagnostican que en la actualidad enfrentan una compleja dispersión de roles en el ámbito público. Hay 39 servicios del Estado relacionados con el agua, advierten. Para avanzar en esto, se debe crear una instancia coordinadora centralizada y dependiente de varios ministerios. Mejoramiento y mantención vial de caminos secundarios. Esto, según el gremio, permite la disminución de partículas contaminantes, y ayuda obtener una mayor visibilidad con lo que se obtienen vías más seguras, entre otros atributos.

La minería pone foco en el agua y materias de medio ambiente

Entre las propuestas que presentó la Sonami, liderada por Diego Hernández, existen varias que están ligadas al tema hídrico, pasando por medio ambiente y adecuaciones laborales. Aguas. En este grupo se destaca la revisión de la exigencia de recepción de obras hidráulicas, o al menos, agilizar estos procedimientos, que en varias ocasiones ha significado el retraso de la puesta en marcha de los proyectos. En este aspecto, también se apunta a que no existan modificaciones en el régimen jurídico de las aguas que se extrae para las desaladoras. Esto, justo en medio del fuerte desarrollo que están teniendo este tipo de plantas, por la situación de escasez hídrica por la que atraviesa el país. Del mismo modo, se alerta por el polémico proyecto de ley de glaciares que se está siendo analizado actualmente en el Senado, y se exige mejorar el sustento científico con el que se creará la normativa.

Propiedad minera. Otro de los aspectos que se abordan tiene que ver con el traspaso de propiedades mineras. Se busca extender el reciente acuerdo entre firmas privadas y el gobierno, en el que se cederán propiedades de territorios no utilizados a pequeñas y medianas compañías. La idea es que esto también lo realice Codelco, traspasando aquella propiedad no considerada en sus expansiones. Laboral. En el aspecto laboral, y luego de las adecuaciones que efectuaron tras la última reforma, se apunta a que se resguarde el derecho a trabajar de aquellos mineros que no participen de una huelga, además de garantizar los servicios mínimos, buscando proteger los activos de las faenas y mantener condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente. Planes de cierre. En la propuesta se sostiene que haya modificaciones en los planes de cierre a los que se deben someter los proyectos mineros.

Tras los cambios que hizo el Ejecutivo respecto a las garantías, se pide modificar la exigencia de contar con un plan de cierre previo al inicio de la operación. Medio Ambiente. En cuanto al decreto de responsabilidad extendida del productor sobre neumáticos, se busca que se habilite la posibilidad incluida en el artículo 34 de la Ley REP, que permite a consumidores industriales tener sistemas de valorizaciones propios. Entre las propuestas, se incluye la simplificación de la actualización de las resolución de calificación ambiental y emitir un listado de modificaciones menores que no requieran ser consultadas a través de pertinencias, sino que solo se informen. Por último, en el documento se sugiere avanzar en la facilitación de acceso de la mediana minería al mercado de capitales.

Banca: Registro de deudores, tasa máxima y mercado de bonos

La Asociación de Bancos e Instituciones Financiera (ABIF), presidida por José Manuel Mena, apunta a tres ejes: registro de deudores, tasa máxima convencional y perfeccionamiento para el mercado de bono: Registro de deudores. Solicitan a la CMF ampliar la cantidad de información publicada actualmente en el registro de deudores, debido a que se omite una gran cantidad de información disponible en archivos regulatorios y que es sumamente relevante para el análisis de riesgo de crédito en la banca. Tasa Máxima Convencional. Solicitan perfeccionar la Ley N° 20.715 sobre Tasa Máxima Convencional, a efectos de reducir las restricciones actuales, en particular, en los créditos de menores montos (tramo 0-50 UF).

En el caso del mercado de bonos, hacen tres propuestas: Impuesto de timbres y estampillas. Se propone no discriminar por residencia del ahorrante o inversionista en la exención establecida en el artículo 24, número 6, de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR). Retención de impuesto para instrumentos, artículo 104 LIR. Se propone eliminar la retención del 4% contemplado en el Art. 74, para los instrumentos acogidos al Art. 104.

‘Esta retención es compleja, atípica en los mercados internacionales y, además, de muy bajo impacto tributario en el corto plazo’, sostienen. Consideran que al eliminarla se generarían beneficios en términos de profundidad y mayor liquidez del mercado de bonos locales en el largo plazo, cuyas consecuencias positivas en términos de inversión y actividad podrían más que compensar el impacto de corto plazo. Plazo mínimo de tenencia de instrumentos. Se propone eliminar la restricción del plazo mínimo de una hora entre la adquisición y la enajenación de los instrumentos del artículo 104 de la LIR (Decreto N° 581 de 2014 del Ministerio de Hacienda). ‘Esta restricción impone costos operacionales y legales que atentan contra una internacionalización de los bonos chilenos’, señalan. Agregan que los custodios internacionales no pueden monitorear el cumplimiento de dicha restricción para los instrumentos.