El gobierno tramita un proyecto para flexibilizar las garantías que se exigen a las mineras para remediar sus pasivos ambientales.

El gobierno chileno contrató a un científico polaco, especialista en física, matemáticas y también en minas para que enseñara Química y Mineralogía en el Colegio de Coquimbo. Su nombre era Ignacio Domeyko, el mismo que después se convirtió en profesor del Instituto Nacional, rector de la Universidad de Chile y precursor de la minería en Chile. Como un sello familiar, ahora es su tataranieto, Alfonso Domeyko, quien a partir del 1 de junio está encabezando el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) el organismo técnico responsable de generar, mantener y difundir información de geología básica del país, de los recursos y peligros geológicos del territorio y al mismo tiempo, regular y fiscalizar que se cumplan las normas relacionadas con la seguridad, propiedad y planes de cierre de la minería. Ignacio Domeyko, dice su tataranieto, ‘fue un hombre del siglo XIX, un hombre extraordinario, de alguna manera una suerte de héroe familiar, igual que para mucha gente que está relacionada con las ciencias de la tierra. Lo ven como un propulsor, un iniciador de esta ciencia en Chile’, asegura. 

Afirma que la minería era una de sus pasiones y también fue un vulcanólogo. ‘Fue la primera persona que estudió científicamente los volcanes, la cordillera, las formaciones rocosas; estuvo en el Tupungato’. Domeyko dice que su tatarabuelo también realizó una labor más sociológica con el pueblo mapuche. ‘Él redactó un informe para el Congreso que se dice paralizó las políticas más liberales de la época, que eran de una colonización muy agresiva. Él recomendó el acercamiento pacífico con los mapuches a través de la educación. 

Es una labor poco conocida, pero que también fue importante para el país’. El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que perfecciona la normativa para el cierre de faenas mineras y la propuesta fue enviada a tercer trámite al Senado. Esta iniciativa flexibiliza los instrumentos financieros que pueden utilizar las empresas mineras y las obliga a pedir autorización al Sernageomin para renovar, sustituir o reemplazar estos instrumentos. ‘Esperamos que sea aprobada. Hemos trabajado en las comisiones respectivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Se ha expuesto el problema que tenemos a nivel nacional, especialmente con la mediana minería en relación a la gran carga crediticia que le significa tener que congelar sus recursos que podrían estar destinados a la inversión en boletas de garantía para asegurar los planes de cierre’, dice Domeyko. 

¿Qué han podido conversar con las aseguradoras?

—Hemos tenido varias reuniones con la asociación de aseguradoras y ellos han manifestado su pleno interés en participar en este negocio de las pólizas de seguro para efectos del cierre de mineras. Este es un negocio de seguros que existe en otras partes del mundo, en Australia, Estados Unidos, Canadá, no es algo nuevo, que estemos inventando. En estos países tiene un cierto desarrollo que hace razonable el planteamiento que se hace con la nueva ley. Se puede tomar esa experiencia y adecuarla a nuestra realidad, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos ampliando los instrumentos necesarios para garantizar los planes de cierre.

Hoy existe un pool de instrumentos y el más utilizado son las boletas de garantía. El problema que presentan las boletas de garantía para las empresas es que significa una inmovilización de su capacidad de crédito, porque las boletas de garantía , o son con capital propio, o son con la línea de crédito de los bancos. En general, dice Domeyko, la gran minería ha logrado cumplir. La dificultad está en la mediana minería. ‘Ellos han tenido problemas de acceder a estos créditos y hoy tenemos no solo el problema de la paralización de sus líneas de crédito, sino que tenemos un problema como país del no cumplimiento del objetivo de la ley, que es mantener asegurado los planes de cierre. Ese es el foco de la ley. Es un instrumento más que debiera ayudar a las compañías mineras a cumplir los objetivos de la ley’, dice.

En seguridad, ¿qué se está haciendo con las diferencias estadísticas de accidentes y fatalidades en la minería que existen entre Suseso y Sernageomin?

—Hay algunas diferencias y es por la metodología y las normas específicas que rige a cada uno de los servicios. Lo que nos señala Suseso (Superintendencia de Seguridad Social) es que ellos -por ley- evalúan los accidentes que están dentro de las mutualidades, de personas que están con seguros. En cambio, el Sernageomin, de acuerdo con nuestra legislación, se enfoca en la totalidad de los accidentes que se generan dentro de la faena minera. Nosotros no vemos enfermedades profesionales, no vemos accidentes de trayecto. Nos remitimos únicamente a lo que se genera dentro de la faena minera, estén o no sujetos a mutualidades, sea gran minería, que cumpla con la totalidad de la normativa, o pequeña minería, que pudiera eventualmente no cumplir con alguna normativa.

¿Cómo se solucionará esta diferencia estadística?

—Estamos trabajando en una mesa que lidera la Dirección del Trabajo y en la que también participa el Ministerio de Salud, Suseso y Directemar. Buscamos crear el Observatorio Nacional de Accidentes. El objetivo es informar y capturar los registros del 100% de los accidentes que se produzcan en las diferentes industrias, que todos los accidentes estén en los registros oficiales del Estado. Partimos hace pocos meses, pero ya hemos tenido algunas capacitaciones con funcionarios de fiscalización para efecto de que la metodología de la fiscalización, investigación y clasificación del accidente tengan los mismos parámetros.