Comisión de Productividad entrega más de 100 recomendaciones al Gobierno para agilizar y dar certezas en tramitación de inversiones.

Para esto analizaron diversos permisos que requieren los proyectos de inversión. También proponen crear una agencia encargada de supervisar los procesos de mejora regulatoria.

Una baja eficiencia en el otorgamiento de permisos en la tramitación de proyectos de inversión, sumado a la percepción de una menor certeza jurídica con relación a estos, fue parte del diagnóstico de un estudio realizado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP), denominado ‘Revisión Regulatoria de Sectores Estratégicos’. Bajo este marco, la institución liderada por el economista Raphael Bergoeing, tras un año de trabajo, elaboró una serie de recomendaciones que fueron presentadas ayer al Presidente Sebastián Piñera y al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.

En el encuentro, participó también el vicepresidente de la CNP, Joseph Ramos, y el secretario ejecutivo de la institución, Alfie Ulloa. Bergoeing detalla que en el estudio —mandatado por el Presidente Piñera en mayo de 2018— se entregan 75 recomendaciones específicas que buscan mejorar los 23 permisos prioritarios, en el catastro realizado por la CNP. ‘La mayoría de ellas (64) constituyen modificaciones que pueden ser implementadas por vía administrativa a través reglamentos, resoluciones, instructivos o guías’, comenta el economista.

A estas, se suman otras 29 recomendaciones generales y cuatro institucionales. Con esto, el documento contiene en total 108 medidas que tienen por objetivo agilizar y dar mayores certezas jurídicas a la tramitación de proyectos de inversión en distintos sectores de la economía. Una de las propuestas estructurales que propone la CNP es la creación de una agencia encargada de supervisar los procesos de mejora regulatoria y que sea responsable del desarrollo de una metodología común y del apoyo técnico para implementarlas. Bergoeing detalla que esto debe ser un proceso permanente de revisión de la regulación vigente, con activa participación del Estado y del sector privado, con un mandato de constante monitoreo y apoyo en el proceso de diseño e implementación de la nueva regulación. Según estimaciones realizadas por la CNP, los procesos de revisión regulatoria pueden generar disminuciones en los costos asociados al cumplimiento de hasta 0,2% del PIB. ‘En Chile, esto implica cerca de US$ 600 millones anuales, o el equivalente a más de 150 mil estudiantes en gratuidad’, advierten.

Aumentar la eficiencia en la tramitación

En el catastro realizado por la CNP, se identificaron diversos factores que impactan en la baja eficiencia en el proceso de tramitación; entre ellos está la ausencia de plazos normativos o el déficit en recursos humanos y materiales. Para avanzar en mayor eficiencia, proponen —a través de 18 recomendaciones— incorporar trazabilidad en la tramitación de los permisos, para lo cual los servicios respectivos deberán mapear sus procesos, identificando rutas críticas y espacios de mejora, así como los recursos requeridos para realizar dicha labor, entre otros aspectos.

Otro punto identificado en el diagnóstico es la percepción de baja certeza jurídica. Para esto, la comisión propone precisar como vía de impugnación un reclamo de ilegalidad general aplicable a todo permiso que no tenga un mecanismo de reclamación especial. Se incluye regular expresamente la facultad de invalidación de la administración, respecto a sus alcances y efectos patrimoniales. A esto se suma precisar las materias respecto de las cuales la Contraloría General de la República puede resolver sobre ‘asuntos de naturaleza litigiosa’.

Agregan que para otorgar mayor previsibilidad al otorgamiento de permisos se propone unificar desde el nivel central los criterios que utilizarán los servicios regionales para el otorgamiento de permisos. En esta línea, se recomienda definir incentivos que fomenten la instalación de proyectos en las regiones, al hacerse cargo de sus potenciales externalidades negativas para las localidades donde se instalan. Con todo, Bergoeing apunta a que este estudio muestra que Chile no solo requiere mejorar la normativa vigente, sino que también establecer acciones y diseñar instituciones que resguarden de manera continua un adecuado proceso regulatorio.